Durante una etapa ya pasada de mi vida en la que ocupé un cargo de representación política por elección popular en el Ayuntamiento de la capital de la isla de Tenerife, he de reconocer que una de mis mayores preocupaciones estuvo siempre centrada en poder ser imputado por la comisión de algún posible delito, sobre todo, a raíz de los conatos de incendio –estoy convencido que provocados- que por tres ocasiones en menos de un año se produjeron en el edificio que albergaba a la mayoría de los funcionarios municipales , y que no reunía las condiciones establecidas por la leyes vigentes en materia de condiciones de seguridad. Algunos representantes sindicales del personal no se cansaban de repetirme que yo sería el responsable si algún compañero,  en la angustia que se provoca la evacuación de un edificio en el que se ha producido un conato de incendio, podía lesionarse o matarse al bajar a toda prisa por las escaleras.

Aparte de estar convencido de que alguno de aquellos sindicalistas era un auténtico delincuente que se dedicaba a provocar incendios y que difícilmente iba a ser alguna vez imputado por ello,  lo cierto es que esa sospecha no podía exteriorizarla públicamente, pues sólo tenía eso, una simple sospecha. Mientras tanto, cada vez que se producía un conato de incendio en el edificio municipal, algún medio de comunicación dedicaba un amplio despliegue  informativo destinado a cuestionar mi actuación irresponsable como cargo público que permitía que unos cuantos cientos de servidores públicos estuvieran desarrollando su labor en condiciones “indignas” y claramente ilegales. Nunca supe en verdad si el medio en cuestión elaboraba la supuesta información antes del conato de incendio o después de acontecido el mismo, pero siempre intuí que si alguna vez llegaba a ser imputado, aquella información manipulada podía ser utilizada en mi contra.